Es necesario contar con protocolos para brindar atención adecuada y oportuna en los casos de pérdidas gestacionales y perinatales, y dejar de reproducir situaciones que son lastimosas para quienes han atravesado una pérdida.
Lo ocurrido en Estados Unidos es un recordatorio claro de la necesidad de defender y fortalecer los avances logrados, y también de trabajar juntas para compartir aprendizajes que nos permitan caminar acompañadas en la lucha global por el aborto legal y seguro.
La denuncia de que existe un borrado de las mujeres es otro discurso opresor, pues se quiere perpetuar una experiencia única que discrimina y violenta a las demás personas al invisibilizarlas y, por tanto, obstaculizar sus derechos.
A dos años de pandemia, se requiere contar con datos públicos actualizados sobre los obstáculos para acceder a servicios de salud durante el embarazo, parto y puerperio, así como los relacionados con el impacto que la pandemia ha generado en las distintas poblaciones de mujeres que buscan atención obstétrica.
En contextos donde el derecho a decidir está restringido, la información, asesoría y cuidados que las redes de acompañamiento brindan son fundamentales en la disminución de los riesgos para la salud y la vida de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
Las recientes decisiones tomadas por la SCJN y el Congreso de Baja California Sur sobre el aborto representan un avance importante en la protección de los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
En Guerrero, el ministerio público ya no está en posibilidad de recibir denuncia alguna en contra de quien interrumpe su embarazo, y la Fiscalía no podrá abrir ninguna carpeta de averiguación en contra de mujeres y personas gestantes, pues ya no existe delito que perseguir.
El informe realizado por Impunidad Cero y GIRE sobre violencia obstétrica y muerte materna muestra la innegable brecha entre lo previsto en el marco normativo y su implementación, gracias a la impunidad.
En 2015, Elizabeth Flores sufrió violencia obstétrica y su hija, negligencia médica en el Hospital Materno Infantil de Xochimilco. Tras la intervención de GIRE y Derechos Humanos, el entonces gobierno de Miguel Ángel Mancera aceptó la responsabilidad y reparar el daño. Entonces llegó Claudia Sheinbaum y todo cambió. Las dejaron de buscar y nadie les ha reparado el daño causado.