El informe “Maternidad o castigo. Hacia la despenalización del aborto en México” analiza la evolución normativa y los retos persistentes en torno a la criminalización del aborto en el país. A partir de más de 500 solicitudes de acceso a la información, así como del análisis de sentencias y casos acompañados por GIRE, se documenta cómo el aborto continúa regulado en los códigos penales, lo que limita la autonomía reproductiva.
El informe sostiene que el aborto debe ser abordado como un servicio de salud pública y un derecho humano, por lo que debe eliminarse de los códigos penales y garantizarse mediante políticas de salud que aseguren acceso seguro, información y atención integral.
Sí. Aunque ha sido despenalizado en varias entidades, en muchas otras aún se regula como delito en los códigos penales, lo que implica sanciones en ciertos casos.
Se vulneran derechos como la salud, la autonomía reproductiva, la igualdad, el acceso a la justicia y una vida libre de violencia.
Genera denuncias, procesos penales, estigmatización social y barreras para acceder a servicios de salud seguros.
Eliminar el aborto de los códigos penales y abordarlo exclusivamente desde políticas públicas de salud.
Porque el aborto es considerado un servicio de salud esencial y su restricción afecta el acceso a atención médica segura.