Maternidad o castigo. Hacia la despenalización del aborto en México reúne evidencia sobre la criminalización del aborto en México entre 2012 y 2023, a partir de información pública, sentencias y casos acompañados por GIRE.
El informe analiza tres dimensiones: los marcos normativos que todavía regulan el aborto desde el derecho penal; los datos sobre denuncias, investigaciones, prisión preventiva y sentencias; y los efectos que esta regulación tiene en el acceso a servicios de salud reproductiva.
Su aporte central es mostrar que la despenalización no debe limitarse a ampliar causales o plazos. Para garantizar el acceso real, el aborto debe salir de los códigos penales y atenderse desde políticas públicas de salud.
La despenalización parcial no basta
Aunque más de la mitad del país ha avanzado en la despenalización del aborto, la criminalización persiste mientras siga regulado en los códigos penales mediante causales, plazos o sanciones.
El aborto debe atenderse como un servicio de salud esencial
Regular desde el derecho penal impone barreras para acceder a información y atención integral, segura y de calidad. También puede inhibir tanto a quienes necesitan abortar como al personal que debe brindar la atención.
El miedo y el estigma también son barreras de acceso
La criminalización no se reduce a la cárcel. También genera vigilancia, desgaste emocional, costos económicos, exposición, revictimización y desconfianza hacia las instituciones.
El estigma convierte la atención en vigilancia
En algunos casos, quienes llegan a hospitales con abortos en evolución son tratadas como sospechosas. El personal de salud puede dar aviso a fiscalías o autoridades en lugar de centrar la atención en el cuidado.
La narrativa sobre aborto ha cambiado
El informe muestra que instituciones, medios y ciudadanía han empezado a hablar más del aborto como un tema de salud pública, derechos humanos y responsabilidad del Estado, y menos como nota roja o debate polarizado.
Analiza cómo persiste la criminalización del aborto en México, incluso en un contexto de avances legislativos, judiciales y sociales. El informe reúne datos públicos, sentencias y casos acompañados por GIRE.
No necesariamente. Mientras el aborto siga regulado en códigos penales mediante causales, plazos o sanciones, pueden continuar las denuncias, investigaciones y barreras de acceso.
Porque forma parte de la salud reproductiva. El informe sostiene que debe garantizarse con información clara, atención integral, segura y de calidad, sin recurrir al derecho penal.
Puede generar miedo, estigma, vigilancia, desgaste emocional, costos económicos, revictimización y desconfianza hacia las instituciones. Sus efectos van más allá de la cárcel.
El informe documenta casos en los que personas que llegaron a hospitales con abortos en evolución fueron tratadas como sospechosas. En algunos casos, el personal de salud dio aviso a fiscalías o autoridades.
Que el aborto salga de los códigos penales y se atienda desde regulaciones y políticas públicas de salud, para garantizar acceso sin estigma, sin discriminación y con atención de calidad.
Fuente: GIRE, Maternidad o castigo. Hacia la despenalización del aborto en México.
Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Maternidad o castigo. Hacia la despenalización del aborto en México. 2024. https://criminalizacionporaborto.gire.org.mx/